La libertad de expresión en el país atraviesa una severa crisis caracterizada por inspecciones inusuales, denuncias penales por protestar y amenazas de muerte contra periodistas y comunicadores (as) populares.
El ejercicio del periodismo independiente en el Perú enfrenta un escenario cada vez más hostil. Diversos hechos recientes ponen en evidencia un patrón de intimidación, acoso legal y violencia física contra comunicadores que investigan o cuestionan al poder político y económico.
Presión administrativa y persecución judicial
El periodista César Hildebrandt denunció públicamente una presunta campaña de acoso e intromisión administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en contra de su semanario Hildebrandt en sus trece. Estas rigurosas inspecciones iniciaron de manera intempestiva tras la publicación de reportajes de investigación sobre el caso Damián Valenzuela, vinculado a la actual presidenta del Perú Keiko Fujimori.
A este caso se suma lo ocurrido en el mes de junio, cuando la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra nueve personas por la presunta comisión del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública. Entre los denunciados figuran la periodista Claudia Cisneros Méndez, los comunicadores populares Pavel Yábar Gonzales, Andrea Lía Valderrama Campos y Luz del Carmen Bazalar Miranda, junto a otros dirigentes. Todos ellos habían utilizado sus redes sociales y escritos para visibilizar las protestas sociales, cuestionar al régimen de Dina Boluarte y denunciar la represión policial durante las manifestaciones en el sur del país tras la caída de Pedro Castillo.
Acoso, amenazas y violencia en regiones
La situación de vulnerabilidad se agudiza drásticamente en el interior del país:
Asesinato en Áncash: El pasado 19 de septiembre se registró el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo". En sus programas, la comunicadora había denunciado públicamente haber recibido amenazas de muerte y responsabilizó de forma explícita a grupos de interés que buscaban silenciar sus denuncias.
Amenaza de muerte y querella en Ica: El 17 de septiembre, Kenny Yucra, director del medio regional La Lupa, denunció haber recibido amenazas de muerte dirigidas hacia él y su familia. El hecho ocurrió tras la publicación de investigaciones sobre el candidato al gobierno regional Juan Mendoza, quien además interpuso una querella exigiendo pena de cárcel y el pago de una reparación civil contra el periodista.
Un llamado a la investigación
Estos casos no representan hechos aislados, sino que evidencian un clima en el que informar con veracidad y fiscalizar a grupos con intereses políticos o económicos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Ante esta coyuntura, resulta indispensable que el Ministerio Público y las entidades competentes investiguen de manera exhaustiva y transparente estos actos de amedrentamiento para sancionar a los responsables y garantizar el libre ejercicio del periodismo en el país.






